Tras un periodo de dificultades en el «diálogo social», el Gobierno, los sindicatos y la patronal han aprobado el llamado Acuerdo Social y Económico. De los temas tratados en él, es la propuesta de «Reforma y fortalecimiento del Sistema Público de Pensiones», presentada al Parlamento para su posible aprobación, la que ha sido desarrollada a partir del informe de la comisión del Pacto de Toledo.
De todo lo discutido a favor y en contra de la propuesta, quizás el aspecto más importante es la necesidad de la propia reforma. Dicha necesidad hay que basarla en los datos demográficos y sociales que la justifican. El informe presentado por la Comisión no permanente de los Pactos de Toledo lo explica claramente: la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida de los españoles están llevando a un envejecimiento de la población que lleva a que cada vez sean más los que cobran una pensión pública, durante más años, y menos los que cotizan para pagarlas.
En concreto los cálculos y previsiones realizados en la Comisión permiten asegurar que de los 8.7 millones de pensionistas actuales, se aumentará en 2025 hasta 11 millones. La esperanza de vida al cumplir los 65 años, hace 20 años era de 17.6 años de vida, mientras que en el momento actual ha aumentado hasta 20.2 años. Es decir, se cobra la pensión durante más años que antes. Por eso, si se viven más años y en mejores condiciones, parece razonable que se retrase la edad de jubilación.
Aunque es difícil estimar cuántos cotizantes habrá en ese momento, porque dependerá de la evolución y crecimiento económico, la Seguridad Social estima que el sistema entraría en déficit para el 2023 y el fondo de reserva podría cubrirlo solamente hasta el 2029. En el momento actual son 17,5 millones los afiliados a la SS, habiendo sido más de 18 millones antes de la crisis. Cualquier cálculo que se haga sobre la reducción de los costes a pagar por la Seguridad Social y/o las pensiones recibidas por los ciudadanos, debería aclarar las hipótesis de crecimiento de la economía y de evolución de las cotizaciones sobre las que se trabaja.
Esto sin olvidar que el Estado siempre podría aportar parte de los pagos, siempre en base a su recaudación de impuestos.
Por lo tanto, se trata de una reforma que intenta asegurar la viabilidad financiera del sistema de reparto que tenemos. Al discutir sobre el mismo y entrar en los detalles del aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión,es necesario reflexionar sobre el diferente punto de vista generacional. La generación que empieza ahora a cobrar la pensión o las que ya la están cobrando, tienen asegurado su cobro aunque no se haga la reforma y solo les preocupa si aumenta o disminuye, pero las generaciones del llamado «baby boom», nacidas en los 60 y 70, son las que tendrían que estar más interesadas en la reforma, porque si no se hace, el sistema actual no será sostenible. Existe por lo tanto un conflicto de intereses generacionales que se halla implícito en las discusiones planteadas.
Con esta reflexión previa, podemos comenzar a discutir sobre la oportunidad de la reforma. La Comisión lleva años estudiando los datos y somos muchos los economistas que hemos comentado su necesidad, pero ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a iniciarla. El argumento más utilizado en su contra es que esta reforma puede ser contraindicada en un momento en que se continúa destruyendo empleo y tenemos un paro muy elevado. Se aduce que al prolongar los años de actividad de los trabajadores se impedirá la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Sin embargo, la reforma propone iniciar el aumento de la vida laboral a partir del 2013 y, lo que es más importante, hacerlo de forma gradual, un mes por año hasta 2020 y dos por año hasta llegar a los 67 años en 2027.
En cuanto al momento de poner en marcha la reforma, es de esperar que dentro de unos años la crisis habrá pasado y estaremos en un escenario de creación de empleo. Aunque la reforma no es un remedio a corto plazo para la creación de empleo y/o reducción del paro, es absolutamente necesaria para la sostenibilidad del sistema público de pensiones y aporta fiabilidad a las intenciones de reforma de nuestra economía demandada por la UE y por los Mercados.
